Durante el ciclo escolar 2022-2023, más de mil estudiantes fueron trasladados a instituciones públicas debido a esta situación.
Una de las modificaciones efectuadas en el año 2021 en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) determina que los alumnos cuyos padres o tutores legales no hayan pagado las cuotas escolares durante tres meses seguidos podrían ser redirigidos a una escuela pública. En tales casos, el Ministerio de Educación se encargará de verificar que los intentos previos no hayan tenido éxito antes de proceder al cambio.
Doris Guamán, subsecretaria de Educación, explicó que estas deudas pueden acumularse sin importar si se producen durante el mismo año lectivo o en diferentes años, siempre y cuando sumen tres meses.
El cambio de centro educativo debido al incumplimiento en los pagos puede llevarse a cabo en cualquier momento durante el ciclo escolar. Sin embargo, a pesar de los retrasos en los pagos, ningún estudiante puede ser impedido de asistir a clases. En caso de que esto suceda, las instituciones educativas podrían recibir sanciones que van desde multas hasta la revocación de su autorización para operar, emitidas por el Ministerio.
En el país, se cuentan 3,637 establecimientos educativos privados y fiscomisionales, de los cuales 1,878 se encuentran en las regiones de la Sierra y la Amazonia.
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