A pesar de que el "Sí" obtuvo el 58.9% de los votos, han surgido preguntas y preocupaciones sobre su implementación

 

Desde que se anunciaron oficialmente los resultados de la consulta popular el 31 de agosto pasado, en la que se decidió mantener el petróleo del Bloque 43 del ITT, ubicado en el parque nacional Yasuní, bajo tierra, ha comenzado a contar el tiempo. Sin embargo, a pesar de que el "Sí" obtuvo el 58.9% de los votos, han surgido preguntas y preocupaciones sobre su implementación.

El 6 de septiembre de 2023, se revelaron polémicas declaraciones del presidente Guillermo Lasso en las que indicó que no planea cerrar el Bloque 43 del Yasuní durante su mandato, contradiciendo un comunicado previo del Gobierno que afirmaba que acatarían el resultado de la consulta popular. Aunque el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró en una entrevista que el gobierno respetará la voluntad popular.

Para entender la magnitud de la decisión de la Corte Constitucional (CC), es importante destacar que el Ministerio de Energía y Petroecuador son responsables de elaborar un plan para la terminación de la explotación petrolera en el Bloque 43 ITT.

Según Petroecuador, se estima que la ejecución de este plan requerirá una inversión aproximada de 654 millones de dólares, que abarca desde estudios iniciales hasta la restauración del área y cubre costos como el almacenamiento de equipos y el cierre de instalaciones, que son los aspectos más caros del proceso. Sin embargo, este monto no se ha incluido en el presupuesto de este año, lo que significa que el desafío económico quedará para el próximo gobierno.

Además, Petroecuador señala que estos valores son estimaciones iniciales y que se necesitan estudios y expertos internacionales para determinar las acciones y costos definitivos. Sin embargo, hasta el momento, no se han proporcionado fechas estimadas ni detalles sobre cada fase del proceso.

Otro aspecto importante a considerar es la terminación de contratos con proveedores y trabajadores, así como la fecha precisa para el cierre de los pozos.

La CC ha establecido un plazo de un año para que el gobierno cumpla con esta decisión. Sin embargo, expertos en la materia han expresado dudas sobre la viabilidad de cumplir con este plazo, ya que el proceso de desmantelamiento de la maquinaria en el Bloque 43 podría llevar al menos dos años debido a la necesidad de contratar empresas especializadas.

Además, Yasunidos ha señalado que el presidente Lasso está incumpliendo el resultado de la consulta al declarar que no lo respetará durante su mandato, lo que consideran inconstitucional. También se ha mencionado que la mayoría de los contratos con las empresas tienen un plazo de más de 12 meses, lo que significa que no hay un problema contractual.

En resumen, a pesar de los desafíos y controversias que rodean la implementación de la consulta popular, la última palabra la tiene la Corte Constitucional (CC), y se espera que se aborden y resuelvan estas cuestiones en los próximos meses.