Una de las irregularidades que llama la atención de la contraloría es que no hay evidencias que los afiliados hayan visitado o asistido a dichas clínicas privadas, aparte de que el personal de dicho hospital debió comprobar que el centro médico debía estar con los permisos en ley dispuestos por el Ministerio de Salud Pública (MSP), y un convenio que se firmó entre marzo del 2032 hasta octubre del 2022, pero no cuentan con un certificado de registro sanitario.
Pese a estas irregularidades si se evidencia que los funcionarios de este hospital no visitaron dichos centros privados, si embargo hay la cancelación de USD 361.297 por atenciones de pacientes derivados hasta fin del mes de diciembre del 2022.
