Septiembre 01, 2023
Aseguran
que las acciones delictivas y terroristas registradas en Quito, son una
respuesta de las organizaciones delictivas ante los avances en materia de
seguridad.
El Gobierno del
presidente Guillermo Lasso en dos años de gestión ha mostrado grandes
dificultades para la definición de políticas públicas en la seguridad.
El combate al narcotráfico y a los grupos del
crimen organizado en Ecuador, que vienen desarrollándose en los últimos meses
han generado reacciones.
El ministro de
Gobierno, Henry Cucalón en una rueda de prensa ofrecida la tarde del jueves, 31
de agosto, indicó que los ataques con dos coches
bomba registrados en Quito son consecuencia de las
acciones del Gobierno contra los grupos criminales, en un intento de generar
terror y miedo en la población.
“Las
acciones que ha tomado el Gobierno Nacional para desarticular a las
organizaciones criminales han generado reacciones que
pretenden frenar las intervenciones en los centros penitenciarios y el combate
en general a la delincuencia transnacional”, dijo el funcionario.
El Ministro
agregó que el régimen no dará
un paso atrás en su objetivo de controlar el accionar de
estos grupos delictivos en el país.
También insistió
en que el objetivo es claro. “El
Gobierno está firme y no dará un paso atrás en el objetivo de capturar a
peligrosos delincuentes, desarticular organizaciones
criminales y pacificar a las cárceles del país”, sentenció.
Objetivos de Estado
Las acciones del
Gobierno, sobre todo en los últimos
meses se encuentran enmarcadas dentro de los acuerdos y resoluciones emanadas
del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), en el
que todos los representantes de los poderes públicos manifestaron la necesidad
de combatir al crimen organizado y a la corrupción.
En abril de 2023, el Cosepe calificó
como una amenaza grave para el país a los grupos delictivos que hacen uso de
acciones terroristas para generar caos y temor en la población. En esa misma reunión de trabajo se recomendó y
ordenó el uso de la “fuerza letal” para controlar a estos grupos.
Con esta
determinación, el Cosepe abrió las puertas para que la Policía Nacional y las
Fuerzas Armadas iniciaran operaciones conjuntas en combate de las
organizaciones criminales.
Asimismo,
el Gobierno, enmarcado en el
Estado de Excepción para las cárceles del país, ha emprendido en las últimas
semanas una serie de operaciones en los centros
penitenciarios que han dado como resultado la incautación de numerosas armas,
municiones, e incluso granadas, así como drogas y efectivo que estaban en manos
de los reos.
En las últimas
semanas, también se logró el traslado de un importante grupo de cabecillas de
los grupos y organizaciones delincuenciales que se encontraban en los centros
penitenciarios a la cárcel de máxima seguridad, La Roca.
Acciones
que tienen el objetivo de mermar la capacidad de mando y accionar de los grupos
criminales que operan en las distintas regiones del país.
Cumplir su rol
Cucalón hizo un
llamado de alerta durante la jornada a las autoridades del Poder Judicial, para
cumplir a cabalidad su rol.
Apuntó que varios
detenidos relacionados con los coches bomba y otros hechos ocurridos en las
últimas semanas, han sido detenidos y liberados por la Justicia recientemente,
a pesar de tener varias faltas. “Pedimos
a los jueces valorar las evidencias con rigurosidad sobre los involucrados”,
manifestó.
Durante una
entrevista concedida a LA HORA, Cucalón indicó que la
situación de la seguridad en el país reviste gran
complejidad, por lo que adelantó que para la transición que se planifica, el
presidente Guillermo Lasso espera desarrollar una reunión del Cosepe, “con el presidente o
presidenta que resulte electo para dar toda la información con
profundidad”.
“No todo el mundo conoce o dimensiona la gravedad
del problema del crimen organizado y del narcotráfico en el Ecuador y
es importante que el presidente o presidenta esté totalmente consciente”,
manifestó.
Silencio y confusión
El manejo de la
comunicación es fundamental cuando se registran hechos de violencia y violencia
política como los registrados en las últimas semanas en Ecuador.
Las declaraciones
de las autoridades y el manejo de los medios es clave para no generar zozobra
en la población y evitar que la desinformación sea la que se apodere de la
opinión pública.
La noche del 30
de agosto, por ejemplo, desde el Municipio se precipitaron al asegurar que el
primer coche bomba era un evento fortuito, pese a que estaba en proceso de
investigación. Después, las autoridades policiales confirmaron el atentado y dieron
el parte de la detención de seis personas relacionadas con el hecho.
Por otro lado, la mañana del 31 de agosto, las declaraciones ofrecidas por televisión por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Wagner Bravo, dejó dudas al manifestar que “los problemas con los grupos delincuenciales son estructurales”.
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