Debido a los apagones los
sectores comerciales y productivos están considerando la probabilidad de
presentar demandas contra el estado, por pérdidas económicas y daños de equipos
debido a los racionamientos eléctricos.
Expertos legales indican que
se podría presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte
Constitucional contra los acuerdos ministeriales.
La ciudadanía en general está
molesta por la falta de eficiencia ante las medidas del servicio eléctrico y
buscan medidas legales para abordar este problema.
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