Dos expertos de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional están siendo procesados por su presunta participación en el delito de concusión, luego de demandar dinero a un ciudadano a cambio de excluirlo de un informe donde se le investigaba por cargos relacionados con drogas y armas.
Las personas implicadas fueron arrestadas en el suburbio de Guayaquil, al oeste de la ciudad. Según la Fiscalía, los agentes habrían contactado al individuo en la residencia de su madre, dejándole claro que debía pagar 300 dólares para que ellos intercedieran en su caso. El afectado, quien no se encontraba en el lugar en ese momento, les informó que solo había podido reunir una parte del dinero solicitado y solicitó más tiempo para reunir la diferencia. Los agentes le otorgaron una hora adicional para recaudar la cantidad total exigida.
Los agentes citaron al perjudicado en las afueras del Cuartel Modelo, donde la víctima entregó solo 70 dólares. Al ver que no tenía el monto requerido, le otorgaron un último plazo de tres horas para completarlo y se marcharon del lugar. Personal policial de Inteligencia detuvo a los colegas de la Unidad de Antinarcóticos.
El afectado ya había informado del incidente a la Policía Nacional y también había fotografiado el dinero entregado, lo que permitió que el personal de Inteligencia localizara el vehículo de los implicados en el suburbio, en la calle F, entre la 23 y la 24, donde fueron inspeccionados junto con el automóvil. La víctima también llegó al lugar y los identificó.
A los policías se les confiscaron dos pistolas con 17 y 13 cartuchos sin disparar, además de un teléfono celular y el dinero entregado por la víctima. Fueron arrestados y trasladados a la Unidad Judicial de Flagrancia junto con las pruebas recopiladas y la camioneta en la que se desplazaban.
Las pruebas fueron puestas bajo la custodia de la Policía Antinarcóticos de la Zona 8, que incluye las ciudades de Guayaquil, Samborondón y Durán. En la audiencia de flagrancia, la jueza de Garantías Penales de turno aceptó la solicitud de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para los agentes en servicio activo Erick Joao L. V. y Ricardo Bladimir L. Q., emitiendo las respectivas órdenes de detención y su traslado a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
La Fiscalía solicitará al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses que realice pruebas de habilidad de disparo y que los testigos balísticos ingresen las armas incautadas al Sistema IBIS, para confirmar si se han utilizado en otros delitos criminales.
El delito de concusión, castigado con una pena de tres a cinco años de prisión, se comete cuando los funcionarios públicos, en representación de instituciones estatales, abusan de sus cargos y solicitan contribuciones, según lo detalla el Código Orgánico Integral Penal.
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