Durante la sesión, el Tribunal de
Juicio escuchó el testimonio de una testigo de la Fiscalía de Pichincha que
había elaborado un informe pericial contable, pero que no pudo recordar su
contenido.
Este episodio generó incertidumbre tanto en el
Tribunal como en las partes procesales. La audiencia, relacionada con el
presunto peculado por la compra de 100,000 pruebas PCR para diagnosticar
COVID-19 durante la emergencia sanitaria a Saludmed S.A., se retomó desde cero
el 6 de febrero. Por la mañana, el Tribunal de Juicio instaló la audiencia en
el Complejo Judicial Norte, sin contratiempos, después de más de dos años y
medio de estar detenida por un incidente procesal.
Durante la mañana, la Fiscalía
presentó su teoría del caso, señalando la sospecha de peculado debido a un
posible perjuicio económico al Estado por más de $2 millones en la compra de
las pruebas PCR. Los abogados de los catorce procesados hicieron sus argumentos
iniciales para desacreditar la teoría fiscal.
En la tarde, se reinició la
diligencia con la fase de práctica de prueba, en la que la Fiscalía llamó a sus
primeros testigos, incluida la perito de auditoría contable, Dalia Montesdeoca
Montesdeoca, cuya exposición se vio dificultada por su falta de recuerdo
completo y detallado de la pericia que había elaborado, atribuyéndolo al tiempo
transcurrido desde el inicio del caso, que supera los dos años."
