La Fiscalía General del Estado ha presentado cargos de corrupción contra cinco personas; los presuntos crímenes le costarán al estado alrededor de $49 millones. Los imputados son cuatro funcionarios de EP Petroecuador el día del incidente: Ramón C., Ana A., Mauricio B., Emil A. y Yina F., gerente de una compañía de seguros.
Un juez especializado que se ocupa de delitos
relacionados con la corrupción y el crimen organizado impusieron a los acusados
prisión preventiva y le impusieron la prohibición de vender
bienes.
La Unidad de Transparencia y Anticorrupción inició una
investigación luego de presentar una denuncia ante la Fiscalía
(identidad reservada) sobre presuntas irregularidades en el proceso de
contratación de una "póliza de seguro del sector
técnico" que incluye las siguientes pólizas: de todo riesgo
petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima para la Empresa
Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, suscrito con una compañía
de seguros por más de 98 millones de dólares.
El mencionado proceso de contratación se habría
llevado a cabo sin un informe a través de EP Petroecuador para
la evaluación técnica de todos los activos y la verificación de los riesgos
asegurables para determinar el presupuesto de referencia
adecuado, ya que las diferentes compañías de seguros utilizaron
como referencia dos ofertas, la primera de los cuales fueron 123
mil millones y el segundo es 121 millones.
Por lo tanto, el valor presupuestario de referencia
del contrato fue de 99’136.443,84. Se realizaron pagos anticipados de
aproximadamente 49 millones de dólares por el contrato. Además, se registró un valor de
seguro de más de 10 mil millones de dólares para determinar los
procedimientos del contrato, lo que tampoco se justifica, ya que aún no
se ha divulgado la información sobre los activos asegurados de las
empresas cotizadas de Petroecuador.
El fiscal del caso presentó los
elementos incriminatorios recabados durante la
investigación. Los más importantes el informe de contratación pública, los
reportes bancarios, el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico
(UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Fiscalía expuso documentos que establecerían la
relación de cuatro procesados como funcionarios públicos en Petroecuador,
cuando se habría cometido la infracción.
