La función Judicial enfrenta una crisis cada vez más profunda con un nuevo desarrollo que pone en una situación complicada al Consejo de la Judicatura. Este episodio reciente muestra al Consejo acorralado, ya que carece de respaldo por parte de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía y otros poderes estatales.
La controversia más reciente surge por la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo de investigar un posible caso de tráfico de influencias que involucra a dos miembros del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno. La destitución de Macías fue aprobada por el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Xavier Muñoz, logrando el objetivo con tan solo dos votos a favor. Esto se hizo considerando la ausencia de Morillo y Fausto Murillo, así como la abstención de Barreno.
No obstante, Fausto Murillo afirma que sí estuvo presente y que votó en abstención, lo que cuestiona la mayoría requerida para la destitución. Murillo sostiene que la sesión se convocó con muy poca anticipación y sin acceso adecuado a la documentación relevante.
El Consejo de la Judicatura ha enfrentado críticas de otras entidades dentro del poder Judicial. La Fiscalía está preocupada por lo que ve como un acto que perjudica la seguridad jurídica del país.
Se cuestiona el momento en que se recusó y suspendió al magistrado, ya que coincidió con la fecha programada para la audiencia de formulación de cargos. Asimismo, la destitución ocurrió cuando ya se había establecido una fecha para la etapa preparatoria del juicio. La Fiscalía interpreta estas acciones como represalias del Consejo de la Judicatura en respuesta a las acciones del juez, quien había autorizado allanamientos a los funcionarios bajo investigación.
Además, el 24 de agosto, se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas principales en Quito debido a una investigación previa sobre posible obstrucción a la justicia, relacionada con la destitución del juez Macías.
El 29 de agosto, la Fiscalía inició un nuevo caso llamado "Independencia Judicial" y solicitó a la Corte Nacional de Justicia que programe una fecha para la formulación de cargos contra Wilman Terán, Maribel Barreno, Xavier Muñoz y otros cinco funcionarios.
La fiscal Diana Salazar declaró que han encontrado suficientes pruebas para pedir el procesamiento de las personas mencionadas.
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