Diana Salazar, fiscal general del Estado, pidió que se detenga a Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), por el delito de tráfico de influencias. Además, solicitó que también se involucre en el proceso a Juan José Morillo, otro vocal del CJ, y a Vladimir Jhayya, juez provincial de Pichincha, por la misma infracción del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Salazar acusó a Barreno y Morillo de ser coautores del delito, mientras que Jhayya fue imputado como cómplice. Además, solicitó medidas de protección para el fiscal a cargo del caso, su equipo de apoyo y los jueces de la Sala Penal de Corte Nacional.
También pidió esas medidas de protección para el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, debido a la cuestionable actuación de las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura y la incertidumbre sobre el respeto al principio de independencia.
Estas solicitudes se realizaron en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los involucrados, que finalmente pudo llevarse a cabo después de cuatro intentos fallidos.
