La Fiscalía tenía planeado presentar pruebas relacionadas con un supuesto delito de peculado en el contexto del proceso de Reconstrucción de Manabí.
Se anticipaba que la Fiscalía presentaría acusaciones contra el exvicepresidente Jorge Glas, Carlos Bernal (exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí) y Pablo Ortiz (exgerente de Ecuador Estratégico) por presunta malversación de fondos públicos. La audiencia estaba programada para las 08:30 del miércoles 8 de septiembre de 2023, convocada por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, quien previamente había sido parte del tribunal que anuló una sentencia de peculado en el caso Singue.
Sin embargo, al verificar la presencia de las partes involucradas, se confirmó que ni Jorge Glas ni su abogado, Andrés Villegas, estaban presentes en la sala de audiencias ni se conectaron de forma virtual, a diferencia de otras partes involucradas.
En lugar de la presencia de Villegas, se presentó un certificado médico que alegaba que su abogado estaba sufriendo un choque anafiláctico no especificado y dermatitis atópica, condiciones que le impedían participar en la audiencia, y se le otorgaron tres días de reposo.
La fiscal Diana Salazar examinó el certificado y señaló algunas inconsistencias, como el hecho de que el rótulo identificativo perteneciera a una clínica privada, pero la firma del médico llevaba el sello del Ministerio de Salud. Por lo tanto, solicitó verificar la autenticidad del documento y expresó la sospecha de que la razón de salud citada, que se refería a una alergia, podría ser una maniobra para evadir la acción de la justicia y retrasar la audiencia.
La fiscal propuso que la audiencia se llevara a cabo con la presencia del defensor público Diego Jaya, quien explicó que no estaba preparado para asumir la defensa y argumentó que su intervención podría afectar los derechos del acusado, ya que Glas tenía un abogado de confianza. Los defensores de Bernal y Ortiz se unieron a esta solicitud de diferimiento de la audiencia.
El juez Rivera decidió posponer la audiencia y expresó su interés en verificar la autenticidad del certificado médico, dado que provenía de un médico privado. Además, anunció que fijaría una nueva fecha y esperaba la presencia del defensor de Glas en ese momento. De lo contrario, la audiencia se llevaría a cabo con la Defensoría Pública y solicitó al abogado Jaya que analizara los 44 cuerpos del caso.
Según la Fiscalía, su investigación ha revelado un posible uso indebido de fondos públicos en beneficio de terceros, incluyendo contratistas y fiscalizadores de contratos durante la emergencia provocada por el terremoto de abril de 2016. La denuncia fue presentada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (T), quien alegó el uso indebido de fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto.
Además, la Fiscalía mencionó un informe de la Contraloría que indicaba indicios de responsabilidad penal en relación con contratos para la construcción del Parque Las Vegas en Portoviejo y el proyecto tramo Acceso al Puerto de Manta, redondel del Imperio Colisa, financiados con fondos específicos de la Ley de Solidaridad destinados a abordar las consecuencias del terremoto. Segundo García, uno de los defensores del caso, afirmó que no hubo sobreprecios ni falta de inversiones, y argumentó que el enfoque de su defensa se centrará en la importancia de la reactivación económica después de un desastre.
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