Han transcurrido más de 30 días desde que se anunciaron los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador en 2023, las cuales incluyeron una consulta popular para determinar el destino del petróleo en el Bloque 43, ubicado en el Parque Nacional Yasuní.
Con el recuento completo de votos, el "Sí" obtuvo el 58,95% en la consulta popular, lo que resultó en la detención de la explotación petrolera en esta área del país, siguiendo la decisión tomada en las urnas el 20 de agosto pasado. Sin embargo, el desmontaje y cierre de los pozos petroleros en el Bloque 43, que incluye los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT), no estaba inicialmente contemplado en los planes de Petroecuador. La empresa aún no ha desarrollado un plan para llevar a cabo esta tarea en un año, como lo requiere la Corte Constitucional, que autorizó la consulta en mayo pasado.
Detener la actividad extractiva en esta zona, conocida por su biodiversidad y su importancia ecológica, representaría un desafío financiero para el Estado, ya que los ingresos petroleros estaban previstos en el presupuesto por al menos 20 años más.
La complejidad del proceso de desmantelamiento, especialmente considerando que la extracción de petróleo en este campo comenzó en 2016, según funcionarios gubernamentales, podría resultar imposible de completar en el plazo establecido.
Expertos técnicos han sugerido que los efectos de estos años de extracción petrolera podrían llevar aproximadamente dos años en ser remediados.
Además, las empresas que operan en Yasuní, SINOPEC y CNPC, deben contar con un plan de abandono preparado desde el momento en que ingresaron al bloque. La CC probablemente tuvo esto en cuenta al fijar el plazo, según Alexandra Almeida, experta en petróleo.
El proceso de desmantelamiento requerirá la contratación de una empresa para supervisar el plan de abandono implementado por las empresas chinas. También se necesitará una evaluación ambiental realizada por un tercero, según Ernesto Páez, experto en petróleo y exfuncionario de Petroecuador.
Finalmente, se ha enfatizado que cumplir o no con el plazo depende en gran medida de la voluntad política, más allá de los aspectos técnicos. El gobierno actual ha expresado su intención de continuar con la explotación petrolera a pesar de los resultados de la consulta, citando motivos económicos. El costo de parar la operación y desmantelar el bloque se estima en más de USD 600 millones, lo que no estaba contemplado en el presupuesto para 2023.
Además, se ha señalado que el cierre de la producción del ITT reducirá significativamente el bombeo de petróleo a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), lo que afectará su funcionamiento y su capacidad de generación de ingresos. Además, las comunidades indígenas que dependen de empleos relacionados con la industria petrolera en Yasuní han protestado por la decisión de detener la explotación.
A pesar de la decisión de la Corte Constitucional, tanto el ministro de Energía y Minas como el presidente han indicado su intención de continuar con la explotación petrolera. El tiempo para cumplir con el plazo establecido está disminuyendo, lo que plantea desafíos significativos para el gobierno entrante.
