El exmandatario guatemalteco Otto Pérez Molina, quien gobernó de 2012 a 2015, ha admitido su culpabilidad en cargos de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude relacionados con un caso de corrupción durante su mandato. Como resultado, ha sido sentenciado a ocho años de prisión.
Pérez Molina reconoció su responsabilidad al afirmar que debería haber estado al tanto de las prácticas irregulares. La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acusó en 2015 al expresidente de liderar una red delictiva que obtuvo 500 millones de quetzales (63 millones de dólares) en comisiones ilegales relacionadas con la asignación de contratos gubernamentales.
A pesar de que la Fiscalía había solicitado una pena de 22 años de prisión y una multa de 4 millones de quetzales, la jueza Eva Recinos decidió condenarlo a ocho años de prisión. Además, en 2022, Pérez Molina ya había sido condenado a 16 años de prisión por su implicación en un caso de defraudación aduanera conocido como "La Línea", lo que resultó en su caída como presidente.
Durante su mandato, la Cicig descubrió múltiples grupos criminales infiltrados en el Estado, desencadenando una notable lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que llevó al enjuiciamiento de empresarios y funcionarios por varios delitos.
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